Llegando al Primero de Mayo, la mayoría de los venezolanos parecía haber hecho sus quinielas sobre el monto en que quedaría el salario mínimo en Venezuela, una práctica común en un país donde la supervivencia de buena parte de los trabajadores está atada a la decisión de un solo hombre, dada la ausencia de mecanismos para el consenso entre empresarios y el Estado, el desconocimiento a los gremios independientes y la persistencia saboteadora de un sindicalismo oficial, leal con los intereses del régimen. Sólo los más pesimistas pudieron haber acertado sobre la estafa que se anunciaría horas más tarde y que pudimos ver en directo por las cámaras de Venezolana de Televisión.
Como ya es conocido por todos, Nicolás Maduro no aumentó el salario mínimo integral que queda en un estimado de cinco dólares al momento de escribir este artículo (según la tasa de cambio oficial), incrementó los Cesta Ticket a cuarenta dólares y el llamado Bono de la guerra económica subió hasta los treinta dólares, después de haber anunciado, el día anterior, que el Bono sería de veinte dólares, lo que es otra evidencia del nivel de improvisación de las medidas económicas y la inquietud que debió generar en Miraflores las primeras reacciones a los anuncios.
Lo ocurrido el 1 de mayo en Venezuela pone a nuestra nación en el último escalafón en los salarios en la región y uno de los más bajos del mundo, condena a la pobreza a quienes dependen de su trabajo en la administración pública, margina a los pensionados del país que no tienen derecho a los Cesta Ticket y le quita beneficios a los trabajadores al no incluirse los llamados “bonos” en las prestaciones sociales. Todo esto en medio de una parafernalia oficial que celebra el origen sindical y obrero del líder máximo de una revolución que llegó al poder levantando, entre otras banderas, el de las luchas sindicales y donde Hugo Chávez criticó las “bonificaciones” como estrategia engañosa para compensar el salario sin aumentar las jubilaciones.
Lo ocurrido en el país a comienzos de este mes, afectará a la administración pública al empujar a sus trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo o abandonar definitivamente sus cargos, tendrá efectos muy concretos sobre la calidad de los servicios públicos, desmantelará los restos de la educación pública venezolana y su sistema sanitario, mantendrá a los trabajadores movilizados y expulsará a miles de venezolanos fuera de su patria, familias que deberán buscar subsistir en otras partes del mundo, todas estas consecuencias de un sistema de gobierno que carece de una política económica coherente y que ha apelado a la represión como la única y quizás más efectiva estrategia para garantizar la “paz” en la calle.
A la estela del escándalo de corrupción que se desveló en el interior de la industria petrolera venezolana, con un estimado de 3 mil millones de dólares perdidos (hay quienes elevan esta cifra hasta los 9 mil millones, e incluso más, gracias a la ausencia de datos oficiales) es imposible considerar que la precariedad de los salarios en el país se debe a las sanciones y el bloqueo imperial. La miseria a la que fuimos condenados el 1 de mayo fue una decisión política, improvisada, embadurnada de argumentos ideológicos endebles, una imposición que demuestra la desconexión del régimen con el país y un acto de doloroso cinismo en el que se exige a las mayorías una “resistencia” que los poderosos no son capaces de practicar.
La humillación que vivimos aquella tarde nos recuerda la certeza de que la única posibilidad que tienen los venezolanos para vivir en su país está en la capacidad que tengamos para organizarnos, de manera solidaria, con los gremios y sindicatos que siguen movilizados en la calle y, sobre todo, en la medida que sigamos trabajando por el cambio pacífico que desean la mayoría de los venezolanos.
Sólo el regreso de la democracia, con todas las garantías políticas que conllevan, los trabajadores tendrán la capacidad de exigir y negociar sus condiciones laborales dentro de una economía que ofrezca garantías para el emprendimiento y reglas de juego claro para los inversores.
Luchar por este cambio ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.