El pasado martes 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), autorizó al Fiscal Karim Khan retomar las investigaciones sobre crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Estado venezolano.
Según la Sala del Tribunal Internacional, la Fiscalía venezolana ha caído en demoras injustificables, con períodos de inactividad, se ha enfocado en los responsables directos de estos crímenes sin escalar en la cadena de mando para llegar hasta los responsables que dieron las órdenes, ha ignorado la línea de investigación según la cual estos delitos se pudieron haber cometido de manera sistemática como parte de una estrategia para reprimir y intimidar a la población civil y ha mostrado avances muy precarios sobre las investigaciones en marcha, todo un panorama que está muy por debajo de la expectativas y requerimientos exigidos por la Corte Penal Internacional.
La decisión de la Corte parece rubricar ante la opinión pública del mundo una realidad que conocemos muy bien los venezolanos, la certeza de que el sistema judicial es incapaz de llevar adelante investigaciones independientes que garanticen la justicia y la reparación a las víctimas, que la Fiscalía se ha convertido en un apéndice de todo un sistema de poder construido para garantizar el control del régimen, perseguir la disidencia e intimidar a la población civil.
Lo que ocurre en el país va mucha más allá de una «narrativa» que sataniza al régimen, por el contrario se funda en un doloroso listado de casos, rigurosamente documentados, que serán investigados bajo la supervisión de la CPI a pesar de las estrategias desplegadas por el régimen para entorpecer el proceso.
Venezuela es uno de los casos donde la Corte tendrá que seguir adelante con las investigaciones a pesar de que algunos de los sospechosos están en puestos de poder, una situación que puede ser desalentadora para las víctimas y que nos exige movilizarnos en su apoyo. Un reto que nos recuerda que en torno a los Derechos Humanos y las libertades civiles, la mejor defensa que puede hacer la sociedad es el trabajo coordinado y solidario de las ONG, los activistas de Derechos Humanos, los periodistas, los líderes en las comunidades y los ciudadanos.
La decisión de la Corte Penal Internacional es un avance dentro un complejo panorama, un logro que hemos alcanzado con el esfuerzo y el trabajo de muchas personas comprometidas con la justicia, los derechos humanos y la democracia.
Nosotros, desde el Monitor de Víctimas –una iniciativa para la identificación, documentación y asistencia a las víctimas de la violencia de Estado–, seguiremos colaborando con todos estos esfuerzos para que Venezuela pueda construir un sistema judicial independiente donde la justicia sea el fundamento para el pleno ejercicio de nuestras libertades.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.