El pasado viernes 21 de abril, la Corte Penal Internacional divulgó un informe realizado por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, en la que queda registrado el deseo de miles de venezolanos de que se sigan avanzando en la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Según el documento, el apoyo al proceso fue contundente, como queda demostrado con la recepción de 1.875 planillas que contenían las opiniones e inquietudes de las víctimas o sus familiares. Según los especialistas del Tribunal, en el proceso participaron 8.900 personas, 630 familias y 2 organizaciones no gubernamentales.
Este informe refuerza una iniciativa judicial del más alto nivel y confirma la denuncia hecha por Defensores de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, líderes y periodistas en Venezuela, quienes han advertido sobre el escaso compromiso del sistema judicial venezolano en avanzar en las investigaciones judiciales en contra de todos los involucrados en estos crímenes, comenzando por los responsables de la violencia directa hasta escalar a los cuadros de mando y decisión política que construyeron un sistema represivo para asesinar, torturar, silenciar y expulsar del país a sus adversarios.
La contundencia de este documento y la importancia de la investigación que lleva adelante el máximo tribunal penal de La Haya, explica el nerviosismo de algunas figuras del régimen que han llegado a pedir el fin de este proceso judicial como condición para avanzar en el diálogo político en México, un sinsentido que no sólo evidencia la inquietud en Miraflores, sino que además es una ofensa para las víctimas y sus familiares, presentados como meras fichas de cambio.
La justicia y reparación no son conceptos que aparecen en la vocería oficialista, lo que demuestra que el interés de quienes gobiernan está dirigido exclusivamente en la preservación de su poder, sin pensar en la estela de victimas que su ambición ha dejado por el camino.
A pesar de lo doloroso de este proceso, el documento presentado es otra evidencia de la importancia que tiene el trabajo coordinado y solidario en la sociedad venezolana. El dar a conocer y explicar este proceso, acercar a las víctimas a los formularios de la Corte, brindar asesoría técnica para el llenado de las planillas y la elaboración de los soportes de sus declaraciones, requirió una gran cantidad de horas de trabajos por parte de activistas de Derechos Humanos, ONG, líderes comunitarios y profesionales, lo que nos confirma que la defensa de nuestros derechos es más efectiva si se trabaja de manera conjunta y coordinada entre todos. Un esfuerzo titánico, hecho a contra reloj y logrado gracias a que muchos venezolanos que decidieron trabajar juntos por su compromiso con la justicia.
Sólo un tejido social fuerte es capaz de acercar la justicia a las víctimas y sus familiares, todo un aprendizaje que nos ratifica la importancia de la solidaridad como un valor capaz de generar los primeros cambios que la mayoría de los venezolanos quieren para su país.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.