La brutal crisis económica generada por el régimen amplía de forma significativa la desigualdad entre los diversos sectores sociales. Cada día es mayor el número de venezolanos en situación de vulnerabilidad y pobreza crítica, a la vez que se deteriora la capacidad adquisitiva de la llamada clase media.
Esta situación profundiza la fragmentación social, que el régimen estimula e instrumentaliza para someter a la población, acentuando sistemas de control como los Clap o el pago de “bonos”, por ejemplo. De igual forma se producen distorsiones en la vida cotidiana, en las que un grupo reducido de personas pueden acceder a servicios básicos cuyo funcionamiento es responsabilidad del Estado, como el servicio de agua o electricidad, pagando grandes sumas de dinero de forma irregular a funcionarios o trabajadores de las instituciones encargadas o recurriendo a la compra de camiones cisternas, plantas eléctricas, etc.
Esto genera nuevas formas de fragmentación, en las que un número reducido de personas tienen acceso a bienes y servicios básicos como alimentos, educación, salud o seguridad, que para otros, en los casos más extremos, son sencillamente inalcanzables. Esta fragmentación no solo se produce entre los sectores sociales, sino también dentro de los mismos. Así nos lo vienen reconociendo nuestros líderes dentro de sus comunidades.
En el Oeste de Caracas puede verse estas diferencias, que son acentuadas por el régimen. Por ejemplo, en barriadas populares como varios sectores aledaños a la avenida Sucre de Catia, las personas ya hablan de zonas conocidas como el “Corredor de presidencial”. Para evitar expresiones de descontento y protesta en los alrededores del palacio de gobierno, el régimen implementa, de manera localizada en sectores clave más próximos, sistemas de lealtad y clientelismo forzados como “Mi casa bien equipada”, o favorece la entrega regular de las bolsas Clap.
Esta estrategia tiene serias repercusiones en la vida de las comunidades, estimulando la conflictividad entre los vecinos, ampliando divisiones entre iguales, deteriorando la convivencia entre las personas. En la situación de crisis actual, en la que son prioritarios mecanismos de articulación y encuentro, el Estado termina convirtiéndose en el principal generador de desigualdad, conflicto y divisionismo, para mantener en el poder a un grupo reducido.
Es necesario no solo alertar sobre esta realidad y las terribles consecuencias que genera en el cuerpo social, sino también enfrentar esta situación desde la generación y refuerzo de redes de apoyo e iniciativas solidarias, basadas en principios convivenciales y alejadas por completo de intereses oportunistas o sectarios. En nuestra experiencia en el Movimiento Caracas Mi Convive y la iniciativa Alimenta la Solidaridad, hemos visto como el desarrollo de programas contra la violencia, alimentación y formación, involucran a toda la comunidad y ayudan a la cohesión e integración de las mismas. De igual forma, ayudan a establecer lazos con otros grupos y sectores de la sociedad, ayudando a restituir el tejido social y desarrollar nuevas formas de convivencia.