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El régimen criminaliza la solidaridad

Roberto Patiño, José Manuel Olivares y Miguel Pizarro

Roberto Patiño, José Manuel Olivares y Miguel Pizarro

Acorde a su naturaleza autocrática, el discurso de paz y encuentro de Nicolás Maduro luego del 20 de mayo resultó tan fraudulento como el evento espurio en el que impuso su “reelección”. Peor aún, en medio de la brutal crisis que ahoga al país y que requeriría la apertura del Estado a todos los sectores sociales para enfrentarla en conjunto, el régimen ha intensificado aún más la persecución política, la exclusión y las desigualdades, la represión y los sistemas de dependencia, subyugación y clientelismo.

 

Frente a los reclamos del país por condiciones de vida de normalidad y bienestar, el gobierno dictatorial niega su propia responsabilidad en la crisis, culpabiliza a sectores no alineados a él, reproduce sistemas de control y dependencia como el CLAP o bonos, y ejerce una represión pura y dura a través de fuerzas de seguridad o grupos ilegales.

 

De igual forma, persigue a líderes y personalidades que públicamente apoyan cualquiera de las justas causas que hoy reclaman los diversos sectores de la sociedad. El caso más destacado en estos días ha sido el del diputado José Manuel Olivares. El SEBIN ha levantado cargos fraudulentos y órdenes ilegales de encarcelamiento sobre su hermano y esposa, y se ha producido una campaña de desprestigio desde medios gubernamentales, además de amenazas directas a la vida de José Manuel y su familia.

 

Este deleznable ataque es muestra de la criminalización que el régimen lleva a cabo sobre quienes promueven valores democráticos y convivenciales. Con José Manuel hemos compartido esfuerzos en el movimiento estudiantil en 2007 y recorrido las calles en conjunto en labores sociales y políticas. Ha impulsado el modelo de Alimenta en el estado Vargas y en su labor parlamentaria ha apoyado las causas de la salud y la alimentación. Ahora es perseguido por su vocería y acompañamiento a las protestas a favor de mejoras salariales y recursos que valientemente lleva a cabo el gremio de las enfermeras públicas.

 

La persecución y hostigamiento del régimen se agudiza a la par del agravamiento de la emergencia nacional, con una hiperinflación que según el FMI podría alcanzar el millón por ciento a fines del año y una crisis de alimentación que, como afirma Susana Rafalli, alcanza en 16 estados la “línea roja” de la crisis humanitaria, con un 15 % de la población infantil en riesgo de morir por desnutrición. Para finales de 2018, como constata el diputado Leonardo Regnault, podríamos perder 300.000 niños a causa del hambre.

 

Esta persecución y hostigamiento no ha impedido la proliferación de manifestaciones y protestas que se están produciendo en el país producto de la crisis desencadenada. Protestas sobre las que ahora se inicia un proceso incipiente en el que empiezan a integrarse y articularse unas a otras. Por encima de diferencias y reconociendo necesidades comunes se empiezan a encontrar los diversos sectores nacionales ante la magnitud de la tragedia que estamos viviendo.

 

En nuestra experiencia particular hemos venido promoviendo la articulación y la organización alrededor de necesidades comunes sobre las bases de la solidaridad, como el primer paso para lograr transformaciones significativas. La vinculación de diversos sectores sociales sin distinciones políticas o ideológicas por causas comunes y vitales. Ahora, ante la escala de la crisis, los venezolanos nos enfrentamos a una emergencia que cuestiona nuestras condiciones de vida y futuro, y reconocemos la necesidad imperante de encontrarnos y luchar todos por lo que es de todos.

 

El régimen criminaliza la solidaridad y por eso persigue a venezolanos que la representan como José Manuel Olivares. Sabe que la articulación de las diversas fuerzas sociales alrededor de este valor significa la superación de su modelo de hambre, empobrecimiento y violencia. Un modelo de caos y colapso que se sostiene sobre la represión, el miedo y la dependencia, pero también sobre la fragmentación de un país dividido.

 

El régimen criminaliza la solidaridad porque esta opone a su naturaleza excluyente y autoritaria. Ejercerla es el primer paso que nos exige este momento trágico de nuestra historia para salir de la crisis, iniciar un proceso de renovación democrática y construir una nueva Venezuela.

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