Un muchacho acompaña a su madre a manifestar por la falta de gas que durante meses ha golpeado a su comunidad, en Táriba, en el estado Táchira. Tiene 16 años y podría ser nuestro hijo, nuestro hermano, un familiar cercano o un amigo. La manifestación es pacífica, realizada por vecinos, civiles y desarmados. La policía llega y, sin mediar palabras, reprime utilizando armas de fuego. Rufo Chacón, el muchacho que tiene 16 años y podría ser también nuestro hijo, nuestro hermano, un familiar cercano o un amigo, recibe 55 perdigonazos en el rostro, perdiendo la vista.
Pocos días antes se ha sucedido el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Detenido y en custodia en los cuarteles de la DGCIM en Caracas, muestra claros signos de tortura en su presentación ante un tribunal militar y fallece a pocas horas de ser trasladado de emergencia a un centro de atención médica por orden del juez. La detención de Acosta Arévalo, irregular y fuera de la ley, se ha producido en el último día de la visita de Michel Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, a nuestro país.
En estos mismos días, Juan Requesens, acusado injustamente y detenido violentando todo proceso legal, así como su inmunidad parlamentaria, es presentado a tribunales, continuando el proceso viciado y fraudulento del que es objeto desde hace casi un año por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Las historias de Rufo Chacón, Rafael Acosta Arévalo y Juan Requesens, son el espejo de la realidad que viven los venezolanos, enfrentados a un gobierno ilegitimo y represor, que diariamente perpetra sobre la población violaciones masivas a los derechos humanos. Una situación a la que no escapa ningún sector de la sociedad: gremios, familias, comunidades, líderes políticos y sociales, civiles y militares, sufren la violencia de un Estado cuya estructura ha sido parasitada por la coalición en el poder, sin instituciones públicas que protejan y velen por la vida de las personas.
Esta tragedia ha sido claramente descrita en el informe que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha realizado sobre Venezuela. El mundo ahora conoce de las terribles acciones de cuerpos de seguridad del estado que, como las FAES, actúan a la manera de escuadrones de la muerte en los barrios de nuestro país. Y señala la responsabilidad del Estado en aspectos tan graves de nuestra de la crisis como lo son el alimentario y de la salud.
En nuestro trabajo para la transformación de la violencia en el Municipio Libertador a través del Movimiento Caracas Mi Convive, hemos denunciado este estado de las cosas. De igual forma, impulsamos iniciativas como Monitor de Victimas y Red de Atención a las Victimas, generando redes de información, solidaridad y apoyo que involucren a comunidades y organizaciones en el abordaje activo de esta tragedia.
Uno de los aspectos básicos que deben priorizarse, es el de la atención y apoyo a la víctima. En este contexto de impunidad, en el que las violaciones son promovidas y ejecutados desde el Estado, las víctimas son criminalizadas, hostigadas o desconocidas. Su único apoyo es el de ONGs como Provea y Cofavic, por ejemplo, así como de miembros de la Asamblea Nacional. Es fundamental crear y profundizar redes de apoyo, en la que participen cada vez más los diversos sectores sociales, ante una realidad de muerte y amenaza que nos afecta a todos por igual. De igual forma, debe mantenerse el registro, así como visibilizar estos hechos y mantener la protesta organizada y masiva, con la vinculación de organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la ONU.
El cese de violaciones masivas de derechos humanos desde el Estado, es una de las necesidades más apremiantes que tenemos los venezolanos. Estos crímenes nos afectan a todos sin distinciones ni diferencias, vulnerando los aspectos más básicos y personales de nuestra vida. Debemos articularnos desde todos los ámbitos de la sociedad para cohesionar esfuerzos que permitan restituir el respeto a nuestros derechos básicos y fundamentales. Es fundamental la coordinación de los diversos liderazgos políticos, sociales y económicos en la priorización de esta lucha. Es un paso fundamental para superar un Estado que se ha convertido en el principal victimario de nuestro país.