Una de las consecuencias más graves de la imposición del modelo autoritario de Nicolas Maduro es el de haber convertido al Estado venezolano en el principal generador de violencia del país. Una violencia que se desborda más allá de los altos índices de asesinatos y criminalidad que padecemos, hacía los ámbitos políticos, económicos y sociales.
Según datos proporcionados por el CASLA Institute, por ejemplo, en Venezuela se produjeron más de 16.500 asesinatos en el 2019, de los cuales más de 5.000 se sucedieron con la participación de cuerpos policiales. Desde el Estado y sus instituciones se genera la persecución, el hostigamiento y el ataque a la disidencia política y el descontento popular, al igual que se manipula y oculta la información real sobre la criminalidad y sus víctimas. Se producen violaciones masivas a los derechos humanos por medio de cuerpos como el SEBIN y el FAES. De igual forma, el Estado ampara a grupos paramilitares como los llamados colectivos, que actúan impunemente contra amplios sectores de la población.
Esta realidad ha sido registrada en el Informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que ha demandado suspender estas prácticas.
Organismos como el TSJ actúan en contra de la Constitución, violentando diariamente nuestro marco legal. Se producen hechos como el intento golpe a la Asamblea del 5 de enero, que se suceden con la participación de cuerpos públicos como la Guardia Nacional, para estrangular los derechos democráticos de los venezolanos. La Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida por el país ni la comunidad internacional, asume atribuciones que no le corresponden, promoviendo leyes y decretos que se imponen por la fuerza y la coerción.
Las “medidas” económicas y sociales implementadas por el régimen, profundizan la crisis y amplían la desigualdad. Se intensifican los sistemas de control como los CLAP y la entrega discrecional de bonos y beneficios sociales, así como la el forzamiento de uso del PETRO. El colapso de los servicios públicos, producto de la terrible gestión de gobierno actual, se explota para generar un contexto de indefensión y desconcierto que facilite la sumisión, el clientelismo y la dependencia.
Esta imposición de la violencia desde el Estado encuentra una gran resistencia en la sociedad venezolana. A pesar del discurso oficial de odio y confrontación, los venezolanos resistimos desde la defensa de principios convivenciales como la solidaridad y el encuentro ciudadano. En este sentido adquiere gran importancia la labor de la sociedad civil, comunidades organizadas y redes de apoyo, que deben superar la desconfianza y la anomia alimentadas por el régimen, y operar bajo un gran riesgo personal, amenazados por un Estado que persigue cualquier iniciativa civil, democrática y humanitaria.
La articulación de todos los actores sociales para generar el cambio de modelo es necesaria para contrarrestar la fragmentación y desigualdad generadas por la actual violencia dictatorial. Enfrentamos a un Estado secuestrado, que ha entendido el ejercicio del poder como el de sus pares cubanos, a través la intimidación, la tortura, la ejecución y el encarcelamiento. Como venezolanos, debemos apelar a los rasgos más luminosos de nuestro gentilicio y romper con las cadenas de la violencia con las que el régimen busca someternos.